domingo, 13 de abril de 2014

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VIDEO MI LINDO NAYARIT https://www.youtube.com/watch?v=1PVTbB7rz5w

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domingo, 9 de marzo de 2014

RESEÑA DEL PRESIDENCIALISMO MEXICANO. CARPIZO

EL PRESIDENCIALISMO MEXICANO
JORGE CARPIZO
RESEÑA
Como prólogo se menciona que el sistema mexicano, junto con la de un partido político constituye una de las dos piezas más importantes del sistema político mexicano, que ha dado decenios de estabilidad política, un gobierno civil, cierto número de libertades y algunas posibilidades para la realización personal. En esta obra se ve un panorama general de qué es el presidencialismo mexicano, cuáles son las facultades constitucionales y metaconstitucionales del presidente, cómo se ejercen éstas.
Este es un estudio jurídico realizado con el instrumental de derecho constitucional, pero además contiene datos históricos sociológicos y económicos, que nos ayudan a precisar qué es el sistema presidencial mexicano

I. SISTEMA PRESIDENCIAL
Sobre las características del sistema presidencial, nos mencionan que existen dos grandes sistemas de gobierno; parlamentario y presidencial. Cada uno con sus propias características, las cuales cambian, modifican, acentúan o debilitan, de acuerdo con el sistema político de cada país.
En el sistema presidencialista tiene una gran injerencia en la designación de los miembros del gabinete, en la presentación de iniciativas de ley en la preparación del presupuesto. Se espera que el presidente sea líder de su pueblo, y éste quien lo elige.
Antecedentes del sistema presidencial.- El primer sistema presidencial que existió lo encontramos en la constitución norteamericana de 1787. Las fuentes de este sistema son:
El derecho público inglés, sistema monárquico de Inglaterra, con un jefe de estado de elección popular y limitado en el tiempo.
La constitución de Nueva York de 1777 y la de Massachusetts de 1780.
La obra de Locke, Montesquieu y Blackstone.


En América Latina, los sistemas presidenciales de América Latina se basaron en el norteamericano, pero las profundas diferencias entre un país rico y uno pobre, hace que hayan evolucionado de forma diferente.
En América latina y, en gran parte de los países en vías de desarrollo el sistema presidencial tiene como base la constitución norteamericana de 1787, ya que establece la relación correcta entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual la cataloga como un sistema presidencial puro o clásico.
Hay tres clases de presidencialismo en América Latina: Presidencialismo puro; Presidencialismo atenuado y  Disminución de Influencia del Ejecutivo.

II. PREDOMINIO DEL PODER EJECUTIVO
Las causas. Las causas del fortalecimiento son diversas de acuerdo con cada país y su situación económica, social, cultural, pero hay factores que han influido en casi todos los países en el fenómeno contemporáneo de un Poder Ejecutivo predominante: los problemas económicos, sociales y de planeación; los  problemas de defensa y militares; su papel en las relaciones internacionales; la delegación de facultades legislativas, y el control de la opinión pública a través de los medios masivos.
En México el Presidente es la pieza clave del sistema político. La visión que se tiene de la presidencia. Un Ejecutivo fuerte no es en sí antidemocrático, siempre y cuando esté controlado, esté subordinado al sufragio universal, y sus actos estén enmarcados dentro de la ley fundamental.

III.- PRESIDENCIALISMO PURO
En nuestro país existe un sistema presidencial puro, ya que no contiene características de parlamento. Algunos autores catalogan al Presidente, como un emperador sexenal, en ese momento emperador del PRI, ya que no existía ningún partido más poderoso que se le pudiera oponer. 
Supuestos matices parlamentarios.- La Constitución mexicana de 1917,  estructura un sistema presidencial puro, sin ningún matiz parlamentario, sin embargo varios autores han pretendido que se tiene algunos elementos parlamentarios, como  Felipe Tena Ramírez. Aunque se afirma que son puramente formales, no alteran en nada el sistema presidencial.
El refrendo.- Las funciones del refrendo se asemejan a las del parlamento, puesto que hay una limitación material a la voluntad del Presidente en base a la responsabilidad ministerial aunque de manera imperfecta ya que el presidente puede removerlo del cargo si este no lo obedeciere.
Concerniente a los informes de los Secretarios del Estado, el artículo 93 Constitucional,  no implica ningún matiz parlamentario ya que los Secretarios de Estado son únicamente responsables ante el presidente.
Otros casos.- Algunos autores encuentran elementos parlamentarios en el Artículo 29, 66, 84, 85, 71 Constitucionales, pero Carpizo menciona que, ninguno de los aspectos que se han mencionado implica un matiz parlamentario en el sistema presidencialismo mexicano, ya que en ningún caso en cuestión el Presidente o Secretario de Estado. es responsable políticamente ante el Congreso, es decir el Congreso no los puede remover es decir nuestra ley configura un sistema presidencial puro.

IV.- FUENTES DEL PRESIDENCIALISMO MEXICANO.
El régimen presidencial se adopta por primera vez en la Constitución de 1824, que se inspira a su vez en dos fuentes principales: la Constitución Norteamericana de 1787 y la Constitución de Cádiz de 1812. 
El constituyente de Querétaro, dotaba de amplias facultades al Ejecutivo. Algunos diputados afirmaron que se limitaban las atribuciones del poder legislativo y ampliaban las del ejecutivo y con eso se convertía en una dictadura.

V. ORGANIZACIÓN DEL EJECUTIVO I
El Poder Ejecutivo es unitario, está depositado en un presidente que es, al mismo tiempo, jefe de estado y jefe de gobierno.
En México, en otros tiempos, se discutió ampliamente si el poder ejecutivo debía ser unitario o colegiado: en el fondo del asunto vibraba la inquietud por no crear un ejecutivo fuerte. Los que se inclinaban por un ejecutivo colegiado lo que perseguían era debilitar este poder. Actualmente, tal discusión ha sido superada en nuestro país.
Finalmente se acepta al ejecutivo unitario y por décadas ha dejado de discutirse este problema. Lo cual es de suma importancia ya que si fuera de otro modo no tendríamos un sistema presidencial en México.

VI. ORGANIZACIÓN DEL EJECUTIVO II
Este apartado importantes, es el que menciona sobre la administración pública federal es auxiliar del presidente de la república, y esta se divide en dos campos: el de las instituciones administrativas centralizadas y el de las instituciones paraestatales.
Las instituciones administrativas centralizadas son: La presidencia de la república.
Las secretarías de estado. Los departamentos administrativos. La procuraduría general de la república y la procuraduría general de justicia del distrito federal. Los órganos agrarios.
Las instituciones paraestatales son: Los organismos descentralizados, Las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas. Los fideicomisos. 

VII. FACULTADES DEL PRESIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
El Presidente tiene múltiples facultades, y éstas provienen de tres grandes fuentes: la Constitución, las leyes ordinarias y el sistema político.
De las facultades constitucionales se pueden mencionar las siguientes: la de nombramiento, las que ejerce en materia internacional las de iniciativa de ley, promulgación y ejecución de las leyes.
Entre las facultades que provienen de las leyes ordinarias podemos mencionar: su intervención en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal y su intromisión en los medios masivos de comunicación. Debe tenerse en cuenta que hay facultades que se encuentran tanto en la Constitución como en las leyes secundarias; por ejemplo, es muy importante la facultad del presidente para designar a sus más cercanos colaboradores.

VIII. FACULTADES LEGISLATIVAS DEL PRESIDENTE
Los casos en los cuales el Presidente puede Legislar. En nuestro país el Ejecutivo sólo tiene facultades para legislar en los casos expresamente establecidos dentro de la Carta Magna.
El Presidente puede realizar funciones legislativas en cinco supuestos constitucionales: En situaciones de emergencia, por medidas de salubridad, tratados internacionales, facultades reglamentarias y regulación económica.  
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IX. ASPECTOS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Manifiesta que las relaciones Ejecutivo-Legislativo, tienen que ser armónicas y buscar puentes entre ellos para el buen funcionamiento de ambos poderes. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo guardan cierta relación entre sí, pero esto no implica la pérdida de independencia del poder legislativo
Sobre el tema  “El privilegio ejecutivo”, se nos informa que es muy poco estudiado en México, el autor del catecismo político de la federación, ante la pregunta de si podían existir algunas negociaciones que el Gobierno pudiera ocultar al congreso, respondió: “Sí todas aquellas en que el éxito depende del secreto. Mas este derecho de ocultación es temporal, y mientras el negocio está pendiente, pues concluido debe dar cuenta si se le pide, para que se pueda examinar si se ha excedido o no de sus facultades”. Este  problema no se ha planteado en nuestro país, quizá porque el legislativo no ha sido fuerte.

X. FACULTADES DE NOMBRAMIENTO, DECLARACION DE GUERRA Y PRESERVACION DE LA SEGURIDAD INTERIOR.
Continuando con las facultades, el Presidente tiene la facultad para nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete, así como a los funcionarios importantes, también la facultad de declarar la guerra, ya que en caso de ella, el presidente tiene todos los poderes y no necesita la autorización o declaración del congreso, esto se debe a que es él quien puede tomar una dación rápida, puesto que el tiene el poder sobre las fuerzas armadas, así como también el poder declarar neutralidad y suspensión de las relaciones comerciales.
También, está la facultad de poder usar al ejército para el fin de la seguridad interna del país si él así lo desea. 

XI FACULTADES EN MATERIA DE RELACIONES EXTERIORES
El  Presidente es el titular de las relaciones exteriores de un país y es quien realiza actos relacionados con ellas.
Entre las principales atribuciones en materia de relaciones exteriores están: El presidente es quien representa al país hacia el exterior; sus actos en materia internacional se refuta directamente actos del gobierno. Es quien celebra los tratados y convenciones diplomáticas con la aprobación del Senado. La aprobación del senado es una especie de veto, en caso de no aceptar el tratamiento, pero la interpretación, la puesta en efecto, la abrogación y la denuncia del tratado es facultad del presidente. Es quien constituye la política internacional del país: reconoce o no reconoce a los gobiernos extranjeros, decide las declaraciones de política internacional y determina el sentido de las votaciones del país en los organismos internacionales.
El tratado anticonstitucional, aquí se explica que un tratado con vicio de inconstitucionalidad no debe ser aplicado y para esto, los particulares tenemos el juicio de amparo si se nos llegara a lesionar algún derecho al aplicar el tratado;  en estos casos  el presidente deberá proceder a denunciarlo, ya que el tratado de acuerdo al artículo 133 Constitucional, es derecho interno, pero para hacerlo debe de respetar la ley fundamental.

XII FACULTADES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y HACENDARIO
Intervención del Ejecutivo en el proceso económico: producción, distribución y consumo. El Estado interviene en la economía del país principal y fundamentalmente a través de los instrumentos que posee el Poder Ejecutivo, los cuales son muy diversos, siendo los más importantes: la política monetaria, la política fiscal, la política de precios, la política de inversión y obras públicas, la política de importaciones y comercio exterior, la política del petróleo, petroquímica y gas, la política de energía eléctrica, la política de aguas, la política forestal, la política industrial, la política turística y todo el sector de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Sobre la Política monetaria, podemos decir que esta persigue fundamentalmente pautar la cantidad adecuada de circulante y de crédito que necesita el país con el objeto de impulsar su desarrollo económico.
Los empréstitos son parte fundamental de la deuda pública que el Congreso reconoce y manda pagar a través de las disposiciones contenidas en el presupuesto de egresos que le presenta el Presidente de la república y que la Cámara de Diputados aprueba.
 La inversión pública federal tiene efectos importantes dentro de la economía, y ha ido creciendo. La inversión pública en México se ha encaminado a obras que fortalezcan el desarrollo económico social. El Presidente de la república tiene los instrumentos legales para controlar la inversión extranjera: se  requiere la autorización de la secretaría correspondiente para que los extranjeros puedan adquirir más del 25% del capital o más del 49% de los activos fijos de una empresa; asimismo, se necesitará dicha autorización si la inversión extranjera tiene la facultad de determinar el manejo de la empresa.
La ley de ingresos En materia hacendaria federal y del Distrito Federal hay tres actos del presidente de total importancia: la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y la cuenta pública. El Poder legislativo tiene el poder de la bolsa, es decir, que el Ejecutivo no podrá recaudar ni gastar un centavo si previamente no ha sido autorizado por el órgano legislativo. La presentación del proyecto de la ley de ingresos es facultad exclusiva del Presidente de la república de acuerdo con el artículo 74, fracción IV, Constitucional.
Presupuesto de egresos. La iniciativa del presupuesto de egresos únicamente lo tiene el presidente de la república. El proyecto de presupuestos es un proyecto de ley, y la cámara de diputados le podrá hacer todas las modificaciones que crea necesario.
La cuenta pública. El presidente a través de la cuenta pública debe de justificar tanto legal como contable los gastos efectuados y que su actuación se enmarcó dentro del cuadro legal que la Cámara de Diputados le señaló en el presupuesto.

XIII FACULTADES RESPECTO A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Y, EN MATERIA AGRARIA, DE EXPROPIACION, EXPULSION DE EXTRANJEROS Y LABORAL.

Con el fin de que el Ejecutivo pudiera controlar administrativamente y supervisar varios Organismos Descentralizados y de Participación  Estatal Mayoritaria, desde el punto de vista financiero, se expidió una Ley el 31 de diciembre de 1947, la cual no fue muy efectiva. Para esto, el 4 de enero de 1966 se Promulgo “La ley para el control de los Organismos Descentralizados y empresas de participación estatal que fue derogada el 31 de diciembre de 1970, por la Ley para el control, por parte del gobierno federal, de los organismos descentralización y empresas de participación estatal.
De acuerdo con la ley  la intervención de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se refiere a los presupuestos y a los créditos y la de la Secretaria de la Presidencia se realiza respecto a la inversiones,
Refiriéndonos a la materia agraria, el Presidente es llamado también la suprema autoridad agraria, ya que es quien tiene la determinación del gasto de agua de las comunidades, restitución o dotación de tierras, aguas y bosques creación de centros nuevos de población, expropiación de bienes. Establecimientos de comunidades, etc. 
En materia de expropiación, dentro del artículo 27 constitucional se señala en su párrafo segundo. que las expropiaciones solo  pueden hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización y es el párrafo segundo de su fracción VI el que dispone que la declaración de expropiación la realizara la autoridad administrativa y señala las bases para la fijación del precio del bien expropiado.
En la expulsión de extranjeros. El ejecutivo previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras.
En materia laboral.  Las juntas de conciliación y arbitraje, tanto la Federal como la del Distrito Federal, así como el tribunal federal de conciliación y arbitraje, se encuentra caracterizada como órganos judiciales. Por lo que el Presidente tiene influencia sobre ellos a través  de los nombramientos que realiza de esos órganos judiciales y por medio de la supervisión que sobre ellos ejercen el secretario de trabajo y previsión social el jefe del departamento del distrito federal y el secretario de gobernación.
También el Presidente influye decisivamente en la fijación del salario mínimo a través de la comisión respectiva.

XIV. FACULTADES EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y RESPECTO A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL PROCEDIMIENTO ELECTORAL.
En este apartado se nos indica que el  Presidente es quien nombra y remueve libremente al Procurador General de la república, funcionario que tiene poderes muy importantes esto de acuerdo al artículo 102 de la Constitución, asimismo se nos señala que en México, de acuerdo con los artículos 21 y 102, es el Procurador General de la República, quien ejerce la acción penal. O sea, que en manos del presidente queda el ejercicio de esta atribución tan delicada.
Sobre la materia educativa, se nos expresa que es competencia tanto de la federación como de los estados y de los municipios; pero en realidad, es la federación la que tiene el ámbito más amplio en esta materia, ya que el sostenimiento de los servicios educativos es muy oneroso y los erarios locales difícilmente son capaces de mantenerlos en la medida necesaria dentro de sus estados.
En cuanto a los medios masivos de comunicación, el 18 de enero de 1960, se publicó en el diario oficial, la ley federal de radio y televisión, que si bien no constituye un control directo del Ejecutivo Federal sobre la radio y la televisión, si pone en manos del presidente las concesiones y revocaciones de esos canales, así como una vigilancia permanente de los mismos.
El Ejecutivo ha logrado tener un cierto control de la prensa, control que ha variado de acuerdo con el presidente. El propio gobierno es dueño de varios periódicos como en el caso de El Nacional.
Explica que el gobierno del Distrito Federal,  es en varios aspectos la porción territorial más importante del país, está gobernada directamente por el presidente la república, ya que el inciso I de la fracción VI del artículo 73 constitucional expresamente dispone: “el gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la república, quien lo ejercerá por el conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva.”
Es importante destacar que a partir de agosto de 1928, a través de una reforma constitucional, se suprimió el régimen municipal tanto en el Distrito Federal como en los entonces existentes territorios federal.  Desde entonces, los habitantes del Distrito Federal están privados de derechos políticos en cuanto a su régimen interior, aunque si poseen la facultad de voto en la elección del presidente de la república y de los diputados y senadores que lo van a representar a nivel federal.
De acuerdo con la ley orgánica del departamento del Distrito Federal del 29 de diciembre de 1978 el presidente de la república ejerce el gobierno de ese distrito por conducto del jefe del departamento del mismo, que es nombrado y removido discrecionalmente por el ejecutivo federal.
En cuanto al procedimiento electoral, el presidente de la república tiene una serie de atribuciones en el proceso electoral. La ley orgánica de la administración pública federal, en su artículo 27, fracción XVI, señala que le corresponde a la secretaría de gobernación “intervenir en la funciones electorales, conforme a las leyes”. Así, está claro que interviene en el proceso electoral, para cuya preparación, desarrollo y vigilancia se crean organismos federal y locales, siendo el más importante de ellos la comisión federal electoral cuyo principal personaje  es el secretario de gobernación, y el gobierno tiene en dicha comisión la mayoría de votos o una mayoría que lo hace poseer un peso muy importante en las facultades trascendentes que realiza la propia comisión.
XV. FACULTADES JURISDICCIONALES DEL PRESIDENTE Y SUS RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL
Al  referirse que el Presidente tiene facultades jurisdiccionales es que resuelve controversias entre partes, siendo su labor jurisdiccional la que se refiere a:
Tribunal Fiscal de la Federación y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no pueden ser tomados como dependientes del Ejecutivo, ya que dichos tribunales no son de justicia delegada y no hay argumento validos para afirmar que se encuentran formalmente dentro de la esfera del Ejecutivo, en cambio encuadran dentro del poder judicial, porque:
Son tribunales similares a los judiciales con plena autonomía e independencia; sus resoluciones son revisadas por el poder judicial federal, es decir, no son tribunales decisorios de última instancia, sus decisiones llegan al poder judicial federal. Los magistrados gozan de las mismas garantías judiciales que los integrantes de los otros tribunales, la jurisprudencia es obligatoria.
Respectivamente a los tribunales laborales, formalmente son parte de la administración, y materialmente son independientes con plena jurisdicción y con atribuciones para ejecutar laudos.
En lo que respecta al Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje, es similar y sus resoluciones se impugnan en amparo directo en forma parecida a la citada junta federal, no es de justicia delegada, jurídicamente no depende de ningún órgano administrativo, siendo un tribunal autónomo de plena jurisdicción.
Los Tribunales Administrativos: el Fiscal de la Federación y el de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; así como los laborales: las juntas federal y del Distrito Federal; y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tiene la misma naturaleza que un tribunal ordinario, no dependen jerárquicamente de ninguna autoridad administrativa ni resuelven controversias por delegación, siendo entonces tribunales de jurisdicción plena. Encontrándose lejos del Poder Ejecutivo e ubicados dentro del Poder Judicial. El problema es si existe una independencia verdadera en el aspecto material frente al ejecutivo, y cómo funcionan desde el aspecto jurídico y real las garantías judiciales que los jueces de estos tribunales poseen.
Las cuestiones agrarias, existen tres facultades jurisdiccionales del Presidente de la república: Resuelve en primera instancia las controversias por límites de terrenos comunales que se hallen pendientes o que se susciten entre dos o más núcleos de población; en caso de la resolución de la sentencia definitiva será irrevocable y solo podrá reclamarla ante la SCJN.
Se expresa que existe cierta independencia del Poder Judicial Federal. La SCJN posee cierta independencia frente al poder ejecutivo, pero, salvo los casos en que el ejecutivo está interesado políticamente en la resolución.
Las garantías judiciales de los ministros de la SCJN son las siguientes:
a) Designación. Son designados por los presidentes y sometidos a la aprobación del senado o la comisión permanente; los senadores intervienen para que exista autonomía en los ministros y no deban su nombramiento al ejecutivo, en México es mero trámite, ya que las designaciones  quedan en manos exclusivas del presidente.
b) Estabilidad. Los ministros de la SCJN gozan del principio de estabilidad en el cargo, ya que son inamovibles; es decir, solo privados de sus puestos cuando observen mala conducta. Es un principio que es a todas luces y sin duda, preferible al de nombramientos periódicos que acaban con la independencia y tranquilidad, y para que funcione este principio se necesita acertadas designaciones.
c) Remuneración. El artículo 94 Constitucional establece que la remuneración de los ministros no podrá ser disminuida durante su cargo.
d) Responsabilidad. Los ministros son inamovibles a menos que observen mala conducta de acuerdo con el artículo 111 de la ley fundamental o previo juicio de responsabilidad.
También se mencionan las labores de auxilio al Poder Judicial, en la fracción XII del artículo 89 constitucional establece que el presidente deberá “facilitar al poder judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”, dicha calificaciones de necesidad queda en manos del poder judicial, y el presidente puede negarse a dar dicho auxilio.
Otra importante facultad del presidente es la de indulto, instrumento extraordinario por medio del cual a sociedad es mejor servida con la concesión de este, el cual debe otorgarse conforme a lo que marca la ley.

XVI. FACULTADES METACONSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE
En cuanto a lo que se ha mencionado, el Presidente es Jefe real del PRI y tiene facultades de designar a su sucesor, a nombrar gobernadores, senadores, mayoría de los diputados, principales presidentes municipales; control sobre los principales organizaciones, que representan las organizaciones más fuertes de México.
Es el Ejecutivo Federal quien saliente escoge a su sucesor.       Este proceso de designación, es una función del presidente que va más allá de la normativa constitucional: es el gran elector de su sucesor, sin que nadie lo dude, pero es más, ni siquiera se le critica.
El presidente es quien decide en última instancia sobre la designación de los gobernadores, y una vez nombrados tiene control sobre ellos. El presidente remueve a los gobernadores que le molestan o que por algún motivo no desea que continúen en su cargo, lo hace mediante dos medios:

XVII. EL ASPECTO PERSONAL EN LA PRESIDENCIA Y LOS PODERES POLITICOS DEL PRESIDENTE ENTRANTE
Funciones ceremoniales del Presidente. Este cumple una serie de funciones ceremoniales como son:  inaugura congresos, simposios, coloquios y obras públicas; asiste a desayunos, comidas y cenas con el ejercito, líderes de los sectores obrero y campesino, de la iniciativa privada, de las organizaciones importantes; realiza giras por el interior del país; asiste a juntas importantes de organismos y empresas del sector paraestatal; recibe las credenciales de los embajadores; recibe y agasaja a los jefes de estado extranjeros; entrega premios artísticos, científicos, literarios; recibe felicitaciones de año nuevo de los principales funcionarios del sector público y privado, incluyendo los jueces de los principales tribunales federales y del distrito federal; preside los desfiles mayores; asiste a las inhumaciones en la rotonda de los hombres ilustres, entre otras actividades de igual importancia.
El poder de persuasión se ve en el Presidente, ya que da órdenes y éstas se cumplen, en a buena parte esto se debe al poder de persuasión, de convencimiento y de negociación que es fuerte y radica en su prestigio y en el temor que inspira  el hecho de no acceder a sus deseos por las medidas que pueda tomar dentro del ámbito de sus poderes constitucionales y extra constitucionales.
Reseñar los poderes políticos del presidente entrante, es mencionar que en cuanto toma posesión de su cargo ya se encuentra en pleno uso de sus muy grandes atribuciones.

XVIII. LAS LIMITACIONES AL PODER DEL PRESIDENTE
El juicio político de responsabilidad, nació  en Inglaterra en 1386 como un medio a través del cual se podía juzgar a los consejeros del rey, ya que éste era completamente irresponsable.
Nuestra Constitución, si bien estructuró un Poder Ejecutivo fuerte, de ninguna manera lo deseó ilimitado ni por encima de la ley; por tanto, el Presidente es responsable de ciertos actos ante el Congreso. Además, existen en la propia ley fundamental una serie de facultades que pueden ser usadas como controles entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con el ánimo de lograr un equilibrio entre ellos.
La parte final del artículo 108 Constitucional, se señala que el Presidente de la república, durante el desempeño del cargo, solo podrá ser acusado de traición a la patria y delitos graves del orden común. La Constitución de 1857, además de estas dos causas, señaló como responsabilidad del presidente la violación expresa de la constitución y los ataques a la libertad electoral.
Con relación a los posibles controles del Congreso sobre el Presidente, se señala que el Congreso puede utilizar su intervención en la facultad del Presidente como un medio de control político, y así lograr el equilibrio que debe existir entre los poderes y que es necesario para el buen funcionamiento del sistema de gobierno estructurado en la ley fundamental.
Las facultades que la Constitución confiere al Poder Legislativo respecto al Ejecutivo como controles políticos, o que pueden convertirse en controles políticos son: El poder de la bolsa, la ratificación de determinados actos, el juicio político de responsabilidad,  las sesiones extraordinarias y las facultades implícitas.
Señalando  algunas limitaciones al poder del Presidente están: El tiempo, el poder judicial federal y los grupos de presión; entre los grupos de presión más fuertes  que existen en México se encuentran los económicos como la asociación de banqueros de México, la Concamin, la Concanaco, y algunos grupos regionales como el de Monterrey, y que influyen fuertemente en las decisiones económicas del gobierno; además, los de carácter internacional, la organización no controlada, y la prensa.
Conclusión
Como a modo de conclusión se puede señalar que el sistema presidencial, es en el cual el Poder Ejecutivo se encuentra depositado en una persona, que es el Presidente, el cual tiene diversas facultades establecidas en nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, además de los poderes metaconstitucionales.

En su obra, Jorge Carpizo, menciona ampliamente un análisis de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sus limitaciones y sus facultades, lo mismos con el Poder Judicial, datos históricos que nos llevan a reflexionar y precisar al presidencialismo mexicano.

viernes, 7 de marzo de 2014

LA GESTACIÓN DEL NOTARIADO EN MÉXICO

LA GESTACIÓN DEL NOTARIADO EN MÉXICO


Anterior a la conquista, no había algún funcionario que hiciera el papel semejante al realizado por el Notario Público de la actualidad, nada más se encontraba el Tlacuilo, un artesano azteca que dejaba constancia de hechos y sucesos mediante signos ideográficos y pinturas que de alguna forma se parecía al escriba egipcio, al hológrafo griego o al tabelio romano.
Hernán Cortés tenía una franca inclinación a la actividad notarial, ya que antes de llegar a la Nueva España en 1519, había practicado la escribanía por quince años.
Una vez concluida la conquista de México en 1521, entraron en vigor en la Nueva España las Leyes de Castilla, que se agruparon en la llamada Recopilación de Indias.
El 9 de agosto de 1525 se abre el volumen primero del protocolo de Juan Fernández del Castillo, con el otorgamiento de un instrumento consistente en un mandato conferido por Mendo Suárez a Martín del Río.[1]
Un hecho trascendental es la instalación solemne del Real Colegio de Escribanos de México el 19 de junio de 1792, antecedente del actual Colegio de Notarios de México, que se cree es el primero de su género en América.
El siglo XIX fue convulsivo para México, por lo que hubo una inestabilidad jurídica, entre ellas el notariado.

        Con la entrada en vigor de la Constitución de 1857, el derecho civil y como consecuencia el derecho notarial, pasaron a ser competencia de las entidades federativas, pero el mismos desorden a nivel nacional existía a nivel local; y pocos Estados habían organizado sus propios notariados, conformándose con seguir cumpliendo las disposiciones castellanas.
El 30 de diciembre de 1985 se expide la Ley Orgánica del Notariado y de Oficio del escribano.
Viene otra Nueva Ley Orgánica de actuarios y notarios del Distrito Federal en 1867.
El primeo de enero de 1902 entró en vigor una nueva  Ley del Notariado para el Distrito Federal y Territorios Federales.
El 23 de febrero se publicó una nueva Ley que establecía exámenes de oposición.
Para concluir el 8 de enero de 1980 se publico la  Ley del Notariado para el Distrito Federal, cuya novedad era el protocolo abierto.

 CONCLUSIONES
Hemos visto las grandes transformaciones que ha tenido el Notariado en México, lo que sí hemos visto que coinciden en mucho las diversas etapas de este es que desde el tlacuilo hasta el notario actual está investido de fe pública, que actualiza los actos y los hechos a los que los interesados deban o quieran dar una autenticidad.







[1] Luis Carral y de Teresa, Derecho Notarial y Derecho Registral, Editorial Porrúa. 3ra, edición. México . 

domingo, 2 de febrero de 2014

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

  


PREÁMBULO


REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

PRINCIPIOS

       1.    La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

       2.    Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

       3.    Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 

       4.    El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  

       5.    La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

       6.    Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

       7.    Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

       8.    Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

       9.    El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

       10.  Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

       11.  Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

       12.  Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

       13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.


Los malditos (Primer capítulo) de Jesús Lemus


By Porrúa On  5 agosto, 2013  · 3 Comments · In Primeras páginas
La detención
Aquell día amaneció como cualquier otro de los últimos veinte años: muy rápido y sin saber que estaría haciendo al final de la jornada. Ni en el peor momento imaginé que, llegada la noche, estaría tirado en una habitación hedionda, bajo tortura y con la certeza plena de mi muerte a manos de alguien que ni remotamente sabía quién era. Menos iba a imaginar que los próximos tres años con cinco días los pasaría en prisión. No en una prisión cualquiera, sino en una cárcel de exterminio. En una cárcel federal de Puente Grande.
Era el 7  de mayo de 2008 y como siempre me di a la tarea de organizar mi cabeza y con ella mi agenda,, para ubicar el día con las notas de importancia que me permitieran ir componiendo la primera página, la contraportada y las centrales; metódicamente se trataba de la parte más difícil por resolver y la más demandante de aquel pequeño diario local llamado El tiempo, en La Piedad, Michoacán.
El agotamiento por el trabajo era evidente, no tanto por los cierres de edición a media noche ni la cobertura informativa a destiempo, sino por la espiral conflictiva en la que estaba envuelto, luego de que el gobierno del municipio, bajo lineamentos y políticas de contentillo en materia de comunicación social, me había suspendido la publicidad oficial al considerar que la información que manejaba en mi diario era a todas luces atentatoria- ese fue el término que me escupió el titular de Comunicación Social del gobierno municipal- en contra de la imagen del alcalde.
Casualmente, aquella fecha la agenda informativa en la pequeña población del norte de Michoacán apuntaba para sacar la de ocho sin mayor problema: se había anunciado la visita de la esposa del presidente de la República al municipio, para la puesta en operación de no sé que instalaciones gubernamentales en la localidad.
Alentado por el olfato periodístico, me dirigí al sitio donde se llevaría a cabo el acto. Sin esperarlo, se me impidió el paso al lugar, no por el Estado Mayor Presidencial, que ya estaba posicionado, sino por el director de Comunicación Social del gobierno municipal, quien sarcásticamente y con una risa burlona me indicó:
-No puedes ingresar… son ór-de-nes su-pe-rio-res- me deletreó en la cara.
Tras el berrinche y la consabida mentada de madre al funcionario municipal, me retiré del lugar, en espera de buscar una nota que pudiera suplir en forma más amplia la que estaba destinada a ser la nota del día en aquella pequeña localidad.
No había caminado ni ciencuenta metros de donde se me impidió el paso cuando sono mi  teléfono.
-¿Qué onda, pinche reportero, dónde andas?- me dijodel otro lado de la línea una voz que rápidamente reconocí- Déjate caer la greña para acá- me señaló sin esperar la respuesta.
-¿Qué hay de nota?- pregunté casi por instinto.
-No mucho, pero vienen unas personas de Guanajuato y te van a pasar información de unos muertos que encontraron allá por Manuel Doblado.
-¿Cuando fueron los muertos comandante?- inquirí.
-Ahorita en la mañana. Están fresquesitos. Vente- insistió-, y sirve que seguimos platicando del reportaje que traes entre manos.
No lo dudé, Enfilé desde donde me hallaba para encontrarme con aquel comandante de la Policía Ministerial del estado de Guanajuato, quien ya sabía que estaba haciendo un reportaje sobre las nuevas rutas del narcotráfico, las cuales intentaban abrir los cárteles de la droga en esa parte del país.
En menos de 10 minutos crecé la línea que divide Michoacán para internarme en Guanajuato, con la esperanza de encontrarme con aquel policía, una de mis fuentes más confiables de esa región en los últimos dos años, quien me había prometido la nota de ocho columnas que habría de suplir el acto oficial del cual me excluyeron manera formal.
Del lado de Guanajuato el comandante y su grupo de policías ya me esperaban. Lo vi y me estacioné en la orilla del camino. Nos saludamos como conocidos que éramos.
Y fuí al grano:
-¿Dónde se encuentran los muertos. comandante?
-Me vas a acompañar a la oficina- expresó con una voz que desconocí, como si estuviera hablando con un extraño-, allí te va a decir donde estan los muertos que buscas.
No externé nada. La actitud del policía se me hizo ajena. En efecto, me había traicionado. En las instalaciones de la comandancia un grupo en encapuchados me sometió. Fui esposado de manos y pies y trasladado en una camioneta. No supe en dónde estuve las siguientes 48 horas.
Y cualquier tipo de tortura que pude imaginar- y otros que ni siquiera sabía que existían- los viví durante ese lapso eterno de tiempo.
Cada vez que recuperaba la conciencia- cuando cesaba la tortura o me entregaban un accta de incriminación para firmarla-, mi mente buscaba la razón de aquel suplicio. ¿Cuál era la causa?, ¿por qué el Estado desató su colera contra mí?
Primero me mostraron un acta en la que supuestamente yo reconocía ser parte de una célula de contrato con Osiel Cárdenas Guillén.
Después de una eterna sesión a base de golpes, toques eléctricos y la consabida bolsa de plástico en la cabeza, me presentaron nuevos documentos de autoincriminación en los que aceptaba pertenecer a una celula delictiva, esta vez bajo la denominación de Los Zetas, aunque terminaron por señalarme como integrante de una agrupación delictiva originaria de Michoacán. No firmé. Nunca acepté las afirmaciones de mis captores.


sábado, 25 de enero de 2014

LA QUEJA ANTE LA CNDH.


LA CNDH ES UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA  DEL PODER PUBLICO QUE PROTEGE A LOS GOBERNADOS DE LOS ABUSOS QUE PUEDEN COMETER LAS AUTORIDADES FEDERALES.
PARA PODER DEFENDER Y PROTEGER NUESTROS DERECHOS Y SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA CNDH DEBEMOS DE REALIZAR UNA QUEJA, LA CUAL CONLLEVA EFECTUAR UN PROCEDIMIENTO.

Su principal objetivo es la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para cumplir con este objetivo, la CNDH tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:- Recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, y Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos.

La CNDH es competente para tramitar una queja en los siguientes casos:- Cuando las autoridades administrativas de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos.- Cuando una persona cometa un ilícito con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad federal, o cuando estos últimos se nieguen, sin fundamento, a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos; particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.- Cuando se presenten inconformidades por las omisiones o por la inactividad en que incurran las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como por la insuficiencia en el cumplimiento de sus recomendaciones, por parte de las autoridades locales.En los casos antes mencionados, la CNDH tiene competencia para conocer las quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos en cualquier lugar del territorio nacional



LA CNDH NO PODRA CONOCER ASUNTOS SOBRE.

•       Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; ya que las instancias competentes para conocer de éstos asuntos son el Instituto y el Tribunal Electoral.
•       Resoluciones de carácter jurisdiccional, laudos o sentencias emitidas por tribunales judiciales, administrativos.
•       Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, ya que esta facultad es exclusiva del Poder Legislativo.
•       Conflictos entre particulares, ya que la competencia de la CNDH, únicamente le permite conocer de actos y omisiones atribuibles a autoridades o servidores públicos federales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA.

Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar directamente una queja ante la CNDH, o por medio de un representante.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, la queja la pueden presentar los parientes o vecinos de los afectados, sin importar que sean menores de edad.
Es importante señalar que la queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se inició la violación a los derechos humanos. Sin embargo, cuando se trate de violaciones graves a los derechos fundamentales, la CNDH podrá ampliar dicho plazo.
Desde el momento en que se admite una queja, se inicia un expediente que es asignado a un visitador adjunto, quien es el responsable de su trámite hasta su total conclusión.
Por otra parte, es necesario establecer que las quejas presentadas ante la CNDH, así como las resoluciones y las recomendaciones formuladas por este Organismo, no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a lo dispuesto por las leyes. En este sentido, no se suspenden ni se interrumpen los plazos y términos establecidos en los distintos procedimientos legales para hacer valer un derecho

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE LA QUEJA
•       Ser presentada por escrito en las instalaciones de la CNDH, o enviarse por correo o por fax. En casos urgentes, se admitirán las quejas no escritas que se formulen por otro medio de comunicación como el teléfono; en este caso, únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de identificación. Cuando se trate de menores de edad o de personas que no puedan escribir, pueden presentar su queja oralmente.
•       Dirigirse a la CNDH o a su Presidente, Doctor Raúl Plascencia Villanueva y solicitar expresamente la intervención de este Organismo Nacional.
•       Estar firmada o presentar la huella digital del interesado; la CNDH no admite comunicaciones anónimas. Por ello, si en un primer momento, el quejoso no se identifica o firma su escrito de queja, deberá ratificarlo dentro de los tres días siguientes a su presentación.
•       Contener los datos mínimos de identificación, como son: nombre, apellidos, domicilio y, de ser posible, un número telefónico en el que se pueda localizar a la persona a la cual le han sido o le están violando sus derechos fundamentales o, en su caso, se deberán proporcionar los datos de la persona que presenta la queja.
•       Contar con una narración de los hechos que se consideran violatorios a los derechos humanos, estableciendo el nombre de la autoridad presuntamente responsable.
•       Entregarse, de ser posible, acompañada de todos los documentos con que la persona cuente para comprobar la violación a los derechos humanos.
Es importante mencionar, que todos los servicios que la CNDH proporciona son gratuitos; para solicitarlos no es necesaria la ayuda de un abogado, ya que este Organismo Nacional cuenta con el personal capacitado para auxiliar, orientar y asesorar jurídicamente a quien lo requiera.
Cabe señalar que en la Dirección General de Quejas y Orientación cuenta con personal de guardia, que se encarga de recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes, así como de proporcionar cualquier tipo de asesoría o información durante las 24 horas del día los 365 días del año.

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Una vez admitida la queja o denuncia, el Presidente de la COMISIÓN, directamente o por conducto del Visitador General o Visitadores Adjuntos, ordenará la radicación y apertura del expediente respectivo; y a la brevedad posible deberá comunicar a las autoridades o servidores públicos señalados como responsables, la iniciación del procedimiento, recomendado a los mismos, detener los efectos de los actos u omisiones señalados como violatorios de Derechos Humanos, evitando la consumación irreparable de los mismos.
En la misma comunicación se solicitará a las autoridades o servidores públicos presuntos responsables, que rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja o denuncia, el cual deberán presentar dentro de un plazo máximo de QUINCE días hábiles y por los medios que les sean más convenientes, En caso urgente, la comunicación se puede realizar utilizando el teléfono, telefax o cualquier medio de comunicación electrónica.
La no presentación del informe o el retraso injustificado tiene por efecto que se tenga por ciertos los hechos materia de la queja
Así mismo se conceden amplios poderes al visitador general para llevar a cabo la investigación tales como practicar visitas e inspecciones, recabar documentos, citar testigos y en general, efectuar todas las acciones que juzguen pertinentes para la debida integración del expediente.
El Visitador General tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.

FORMAS DE CONCLUIR LOS EXPEDIENTES
De los acuerdos y recomendaciones
LEY GENERAL DE LA CNDH.
Artículo 43.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación.
Artículo 44.- Concluida la investigación, el Visitador General formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.
En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración final.
Artículo 45.- En caso de que no se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas, la Comisión Nacional dictará acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.
En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.
Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:
a)  La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

b)  La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.
c)  Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.
d)  Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.
Artículo 47.- En contra de las Recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no procederá ningún recurso.
Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, excepto en los casos en que el quejoso o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante la propia Comisión Nacional.

Artículo 49.- Las Recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.


ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD.
Se Expide en caso de que no se comprueben las violaciones de Derechos Humanos imputadas a las Autoridades o Servidores Públicos ya sean Estatales o Municipales

FALTA DE INTERÉS
Se dicta si de esta  COMISIÓN, requiriere por escrito al quejoso para que aclare, la queja Si después de dos requerimientos el quejoso no contesta, se enviará la queja al archivo como asunto concluido.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DENTRO DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, DENTRO DE SU CAPITULO IV DE LA REPARACIÓN YA SE PUEDE SANCIONAR Y OBLIGAR A LA REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE LA CUAL VIOLO LOS DERECHOS HUMANOS, YA QUE ÚNICAMENTE SE LE HACIA UN CORRECTIVO DE NO VOLVER ACOMETER DICHA VIOLACIÓN.

Los Derechos Humanos son la resultante de la Búsqueda de equidad entre los Hombres del Mundo, Su promoción nos ha llevado a vernos de forma igual pero lamentablemente siguen habiendo formas de acción que no permiten el libre desenvolvimiento de la persona.
Pero no solamente es esto, sino también es una forma de vida, que se traduce en la libertad de opinión, de acción, entre otros logrando una pacífica interacción de las personas dentro de una Sociedad.

Los Derechos Humanos son importantes en el sentido de igualdad de oportunidades y de desarrollo, pero también implica que nosotros como hombres sepamos valorar ello y promover la diversidad pero de manera pacífica, con verdadera justicia y un gran valor.

Me parece importante resaltar la importancia que tienen los derechos humanos y el deber de todos los hombres reconocer tal importancia, creo que en un mundo donde todos los valores están confundidos, donde progresar económicamente es el fin de todos sin tener en consideración el detrimento de otro.

Esto es porque estamos cargados de un terrible individualismo “Solo importo yo y mi propio bienestar”.