martes, 1 de mayo de 2018

DEFINICIÓN DE PERIODISTA ACORDE A LA CONSTITUCIÓN E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES


DEFINICIÓN DE PERIODISTA ACORDE A LA CONSTITUCIÓN E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Por Norma Cardoso
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió una Acción de Inconstitucionalidad, con número 87/2015, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra algunas fracciones y artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. En dicha Acción, la CNDH, solicitó a través de su presidente Luis Raúl González Pérez, la invalidez (entre otros artículos) de la fracción XII del artículo 3, en la porción normativa que establece “de manera permanente”.
Para efectos de la mencionada ley, se considera periodista: “A toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente con o sin remuneración. Las personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo remunerado o no, consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional”.
Es así que, para la CNDH, es violatorio a los artículos 6 y 7 de la Constitución federal que esta ley condicione el concepto de periodista como una actividad “permanente”, dejando a los no permanentes fuera, y dando con esto lugar a diversas violaciones de los derechos humanos de las personas, al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto, debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad. 
También el Ombudsman fundamenta en su demanda de Acción de Inconstitucionalidad, que se estiman violados diversos preceptos de instrumentos internacionales, como son los artículos 4, 5, 11 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 6, 9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ante esto, el pasado 27 de junio, los Ministros de la Corte en sesión plenaria, votaron y por mayoría aprobaron el proyecto realizado por el Ministro Franco González Salas, en el cual se plantea que la definición de periodista, prevista en la fracción XII del artículo 3 de dicha ley, permite una interpretación acorde al texto constitucional, porque no se viola ningún precepto de nuestra Carta Magna. Esto, porque la definición aludida no se refiere exclusivamente a la permanencia en el ejercicio periodístico, sino que hay otros aspectos para la definición de periodistas, tal como se menciona en la segunda frase del enunciado de la fracción XII, donde se prevé condiciones para que los sujetos que no entren en la denominación del primer párrafo (es decir, como periodistas permanentes), entren en la segunda frase, donde se señalan las circunstancias aplicables a quienes desempeñan actividades relacionadas con el ejercicio periodístico.
De todo esto se desprende que, para la SCJN, periodista, no solo se refiere a aquellos que hacen del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad de manera permanente, sino que la permanencia es simplemente uno de los diferentes aspectos que se puede considerar para determinar quién es periodista. De igual forma, en la segunda parte del enunciado impugnado, que forma parte también de la definición de periodistas, se puede visualizar que cualquiera que caiga en los supuestos descritos ahí señalados, es considerado periodistas, pues dichos supuestos resultan aplicables a las actividades desempeñadas en el quehacer periodístico.
La definición de periodista contenida en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo y avalada por la Corte, incluye, entre otras,  tanto al periodista que trabaja en un medio de información público o privado como al periodista independiente, ya sea permanente o no; igualmente, a los que trabajan en los medios de comunicación y difusión comunitarios, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo sea remunerado o no.
La ya mencionada definición avalada por la Corte y que fue propuesta, en el proyecto de la Ley de marras, por un grupo de periodistas de Quintana Roo, con apoyo de la Casa de los Derechos de Periodistas, es muy amplia y funcional, acorde no solo a la Constitución sino a los instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte. Por ejemplo, el término Periodista señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, comprende varios aspectos que el artículo impugnado también lo incluye.
Ahora bien, todavía queda mucho por hacer. Se necesita que los Congresos de los Estados legislen en la materia, para que cada entidad federativa cuente con una ley que proteja y garantice el ejercicio periodístico y sus derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información, la integridad, la vida, entre otros.
Cabe aquí señalar, que los diputados locales deben de trabajar para que a los periodistas se les garanticen sus derechos, pues  en Estados como  Nayarit, los congresistas quieren incluir en la Ley de Protección a Periodistas, que se proteja, sí, pero a los políticos y servidores públicos, al inhibir y restringir que se difunda información de ellos; legislar “a modo” sin que sepan, posiblemente, que el Principio 11, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, prevé que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigidas a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Escrito reducción de pensión alimenticia



JURISDICCION VOLUNTARIA SOBRE CONVENIO DE ALIMENTOS
EXPEDIENTE NUMERO ……../……….

JUEZ ………. DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR (O CIVIL DEPENDE COMO LO MANEJEN EN LA ENTIDAD)
P  R  E  S  E  N  T  E

PEDRO………….., con la personalidad acreditada en autos del expediente citado al rubro, expongo:
Con fundamento en los artículos 1 Constitucional en relación a las obligaciones del Estado en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos íntimamente ligado en aplicación del principio de Dignidad establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  Artículos ………. del Código Civil para el Estado de ……….y  artículos ……….y …….. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de …….. promuevo INCIDENTE DE REDUCCION PENSION ALIMENTICIA, por esta legitimado y ser este el medio idóneo según lo establecen nuestros mas altos Tribunales como a continuación transcribo:
PENSIÓN ALIMENTICIA. HIPÓTESIS EN QUE EL DEUDOR TIENE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR SU REDUCCIÓN.
Cuando el deudor se coloca voluntariamente en una nueva situación de hecho, que afecte su haber patrimonial, como por ejemplo, la adquisición de un crédito hipotecario, o la compra de un vehículo en parcialidades, etcétera, carece de legitimación para argumentar esa nueva circunstancia, como condición necesaria para la reducción de la pensión alimenticia previamente fijada. Caso distinto sucede cuando el deudor, por circunstancias ajenas a su voluntad, se ve afectado o disminuido en su capacidad económica, como sería el caso, del nacimiento de un nuevo hijo, la pérdida del empleo o el acaecimiento de una enfermedad grave o cualquier otro que imposibilite realizar trabajo alguno; pues el nuevo estatus económico inferior no fue provocado por el obligado y, por ende, sí está legitimado para acudir a la autoridad judicial competente para que se le realice un nuevo análisis de su situación; considerar lo contrario, dejaría a la voluntad del deudor alimentario disminuir la pensión alimenticia correspondiente en la medida en que contraiga a voluntad nuevas obligaciones pecuniarias.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 755/2011. 29 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Mayra González Solís. Secretario: Aarón Alberto Pereira Lizama.
en los siguientes términos:
CAPITULO PRIMERO
HECHOS

  1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna dentro su cuerpo integro el concepto de DIGNIDAD HUMANA intrínseca en todo ser humano, esta dignidad humana consiste en el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona práctica de reconocimiento de la dignidad humana que se encuentra plasmada en tratados internacionales y Constituciones nacionales, que protegen en toda persona como seres dignos y merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a constituir una familia, tener alimentación saludable y recreación, oponiéndose a este principio de dignidad humana los tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, la violencia, la desigualdad legal y jurídica.

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES.
El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho, y 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las características del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el Juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor proveer.
PRIMERA SALA
Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.


  1. Es así que tomando en cuenta lo anterior como principio rector constitucional que obliga a los Estados a promover, respetar, proteger y garantizar dicho principio y en su caso como lo es si se violenta a reparar las violaciones a los derechos humanos, pongo a su arbitrio y consideración lo siguiente:
  1. Como ya consta dentro de autos se aprecia que el suscrito se encuentra embargado por el 40 porciento de mi salario a razón de alimentos a favor de la señora…………………en representación del menor ……………….
  1. Este porcentaje me fue impuesto como medida para garantizar un derecho tan importante como lo es los alimentos para un menor, pero dicha medida al valorar ciertas situaciones que afectan al suscrito violentan un derecho tan importante como lo es de alimentos para un menor, el de mi derecho a una vida digna.
  1. El día de hoy me encuentro embargado por otro descendiente en juicio diverso por el 30 por ciento, hecho que compruebo con recibo de nómina en donde se aprecian las deducciones a mi salario que relacionare y perfeccionare con el informe que en capitulo posterior ofreceré a cargo del Juzgado ……… de lo Familiar de Primera Instancia del  Estado en específico sobre el expediente número………ahí radicado, hecho que una vez comprobado actualizan la petición de la reducción de pensión alimenticia según establecen criterios directrices en la aplicación de dicha hipótesis:
PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU REDUCCIÓN BASTA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACREEDOR SIN QUE SEA NECESARIO EVIDENCIAR QUE HA DEMANDADO SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
De acuerdo con el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, los alimentos no sólo se rigen en razón de las necesidades de quien debe recibirlos, sino también en proporción con la posibilidad económica del que debe darlos, de manera que para reducir el monto de una pensión previamente fijada, no es necesario acreditar que han cambiado las necesidades del acreedor alimentario, si el deudor sustenta su petición en la disminución de su capacidad económica; cambio que debe tenerse por probado si demuestra la existencia de otro acreedor a quien, como progenitor, debe proporcionar alimentos; de ahí que para la procedencia de la reducción sea innecesario evidenciar que el nuevo acreedor le ha demandado su pago.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 456/2009. 25 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
  1. Del punto anterior se aprecia que mi solicitud se encuentra sustentada y fundada, pero no solo ese hecho constituyen la actualización de la hipótesis de que debe ajustarse disminuyendo la pensión alimenticia, en relación a la medida que el Estado a impuesto al que suscribe, esta medida resulta excedida en mi contra en virtud de que el suscrito otorgue domicilio para que habite mi hijo en custodia de su madre es decir, el articulo ……..  establece que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto, y al manifestar y constar dentro del convenio de divorcio voluntario el que proporcione inmueble a favor de mi hijo y su madre, se entiende que la habitación ya está proporcionada y garantizada, por lo que aunado al hecho de que existe un acreedor alimentista diverso y la habitación ya está garantizada , además de que por mi trabajo mi hijo cuenta con servicio de SEGURO SOCIAL que también garantizan atención médica y hospitalaria en su caso, el aseguramiento de la medida de embargo debería fijarse con relación a la comida , vestido y educación dejando fuera los otros conceptos, es decir, lo antes manifestado indudablemente constituyen la materia de la reducción de pensión alimenticia máxime que como argumente existen conceptos que y ase encuentran garantizados a favor de mi hijo y en íntima relación con el hecho de que se me está impidiendo tener acceso a vida digna, pues del restante de mi salario me están superando el 70 por ciento en embargo, tomando en cuenta que se ha revelado ante este Juzgador el hecho de que existe otro acreedor alimentista el cual se encuentra gozando de otra suma de mi salario, hecho que no se puso en conocimiento de su señoría, pero que en este momento constituyen este medio el idóneo para que el Juzgador valore la situación integra y realice una nueva imposición en la que las leyes se apliquen de manera igual y se respete el principio de dignidad como con antelación expuse y explique, situación que se actualiza con el criterio de nuestra Corte y que transcribo:
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI EL DEUDOR ALIMENTARIO NO ESTÁ CONFORME CON EL MONTO IMPUESTO DEBE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE REDUCCIÓN RELATIVO POR SER EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR ESA DISMINUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
El artículo …… del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,  impone al juzgador la obligación de fijar el monto de la pensión alimenticia provisional al momento de admitir la demanda de alimentos. Ahora bien, para fijar dicho monto, el Juez debe tomar en cuenta únicamente los datos que arroja la demanda y los anexos que la acompañan, pues aún no se ha emplazado al demandado y menos se ha abierto el periodo probatorio. Por tanto, si el deudor alimentario no está conforme con ese monto provisional debe impugnarlo a través del incidente de reducción de pensión alimenticia, por ser el medio idóneo para lograr esa disminución, en el que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas para demostrar su capacidad económica y la necesidad del acreedor alimentario, lo cual no podría lograr con la promoción de algún otro recurso.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión 205/2006. 29 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Raúl Solís Solís. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas.
Nota: Por ejecutoria de fecha 13 de agosto de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 37/2008-PS en que participó el presente criterio.
Es así su señoría, que si bien es cierto la ley establece el que la regla será la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos y como parámetro determina que no podrá ser inferior al 30 por ciento ni mayor del 50 por ciento, también lo es que dicha norma no puede ir en contra de lo que nuestra Constitución reconoce y protege, ni de los principios que la Declaración Universal de Derechos Humanos impone a los Estados que están sujetos a su aplicación obligatoria de estas normas internacionales en protección de sus ciudadanos, es decir, en el caso concreto existen dos hipótesis que actualizan y sustentan dicha petición:

  1. El hecho de que me encuentro respondiendo a otro embargo de alimentos, por otro descendiente, y que sumados dichos porcentajes constituyen un embargo superior al 50 por ciento y que impiden el que el suscrito cuente con los medios dignos de vivir, es decir, vivienda, vestido, calzado, recreación, comida, hechos que comprobare en capitulo posterior correspondiente a pruebas con documentales públicas y privadas que relacionare íntimamente con estos hechos para su convicción.
  1. La representante de mi hijo y este último cuentan con domicilio en donde habitar, mismo que yo les he proporcionado y otorgado posesión, por lo que el concepto de habitación se encuentra cubierto y garantizado, además, del servicio médico y hospitalario por tenerlo dado de alta en el Seguro Social, situaciones que estudiadas como un todo deben llevar a la convicción del Jugador el que se me está privando de mi medio para sobrevivir y tener una vida digna, hecho que quedara comprobado en el capítulo posterior correspondiente al de pruebas y que relacionare íntimamente con este punto y que se debe actualizar en aplicación del criterio procedente en la reducción de pensión alimenticia por existir un nuevo acreedor alimentista y el que dos conceptos de los que comprenden alimentos se encuentran garantizados como de autos se desprende hechos que como ya manifesté quedara probado en capitulo posterior.
ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA QUE PROPORCIONA HABITACIÓN, ELLO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.
De lo dispuesto por los artículos 308 y 311 del Código Civil para el Distrito Federal se desprenden las bases que el legislador dispuso se tomaran en cuenta para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial sobre alimentos, sea ésta provisional o definitiva. Ahora bien, si conforme al artículo 308 del citado Código Civil, en el concepto de alimentos se encuentran inmersos los rubros de comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, educación, esparcimiento, etcétera, y el deudor alimentario acredita que proporciona habitación a sus acreedores alimentarios porque el inmueble en que éstos habitan es propiedad del deudor, dicha circunstancia debe ser tomada en cuenta para considerar que contribuye con el rubro de habitación y, por ende, que cumple con parte de su obligación alimentaria al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia, pues, de lo contrario, no se observarían los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia de alimentos; sin que ello signifique que se encuentre satisfecha la totalidad de las necesidades alimentarias, para lo cual habrá que atenderse a los demás rubros y al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que presenta la familia a la que pertenecen.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 294/2002. 30 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García.
Amparo directo 287/2002. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez Martínez.
Amparo directo 355/2002. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García.
Amparo directo 369/2003. 19 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Ma. Luz Silva Santillán.
AMPARO DIRECTO 741/2004. 8 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda.
CAPITULO SEGUNDO
PRUEBAS

  1. INFORME DE AUTORIDAD. Consistente en informe que deberá rendir el Juez del Juzgado …….de lo Familiar de Primera Instancia  en el Estado con relación al expediente 774 ……… ahí radicado, en los siguientes términos:
  1. Que informe si dentro del expediente ………. radicado en ese juzgado las partes son …….. en representación de mi hija …………. y mi hijo…………………..

  1. En caso de ser cierto lo anterior, que informe si se encuentra embargado el salario del SR. ………………………….

  1. En caso de ser afirmativo lo anterior, que informe a cuanto haciendo el porcentaje de alimentos a favor del acreedor alimentista ………………...
Con el que acreditare que:
  1. Esta excedida la medida de alimentos dictada en favor de mi menor hijo.
  1. Mi capacidad económica es menor por demostrarse la existencia de otro acreedor alimentista.
  1. Al día de hoy se me encuentra hecho efectivo dicho embargo en favor de mi otro acreedor alimentista.
  1. Se encuentra superada mi posibilidad de brindar alimentos.
  1. Mi dignidad humana para vivir se encuentra disminuida en mi perjuicio.
Esta la prueba la relaciono íntimamente con los puntos marcado como II letras A, B, C, D, y arábigos del CAPITULO PRIMERO DE HECHOS.

  1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en:
  1. Recibos de cobro por parte de ………………S.A. DE C.V. en los que consta el monto que se me paga por quincena y mes, y que son muy inferiores al necesario para vivir dignamente, y las deducciones que me realizan por conceptos de embargos de alimentos y que juntas superan el 50 % que la ley marca como tope máximo.
Con lo que acreditaré que:
  1. Esta excedida la medida de alimentos dictada en favor de mi menor hija.
  1. Mi capacidad económica es menor por demostrarse la existencia de otro acreedor alimentista.
  1. Al día de hoy se me encuentra hecho efectivo dicho embargo en favor de mi otro acreedor alimentista.
  1. Se encuentra superada mi posibilidad de brindar alimentos.
  1. Mi dignidad humana para vivir se encuentra disminuida en mi perjuicio.
Esta la prueba la relaciono íntimamente con los puntos marcado como II letras A, B, C, D, y arábigos del CAPITULO PRIMERO DE HECHOS.
  1. Contrato de arrendamiento del domicilio que habito con el cual acreditare:
  1. Esta excedida la medida de alimentos dictada en favor de mi menor hijo.
  1. Mi capacidad económica es menor por demostrarse la existencia de otro acreedor alimentista.
  1. Al día de hoy se me encuentra hecho efectivo dicho embargo en favor de mi otro acreedor alimentista.
  1. Se encuentra superada mi posibilidad de brindar alimentos.
  1. Mi dignidad humana para vivir se encuentra disminuida en mi perjuicio.
  1. Que no cuento con un domicilio digno ni propio.
Esta la prueba la relaciono íntimamente con los puntos marcado como II letras A, B, C, D, y arábigos del CAPITULO PRIMERO DE HECHOS.

III. INFORME DE TERCEROS. Consistente en informe que deberá de rendir:
  1. La empresa-------------------, con domicilio conocido en -----------------------, a fin de que informe:
  1. Si trabaja ahí el SR. --------------------------

  1. Cuanto gana por concepto de salario el SR. ----------------------------------

  1. Si se le realizan descuentos al SR. ------------------------, en caso de ser afirmativo, desglosar a que concepto corresponde cada descuento y al final de los descuentos, cuanto queda libre de su salario mensual o quincenal según le sea pagado.
  1. Cuanto se le ha pagado libre de descuentos al SR. ……………………..correspondiente a los meses ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO……………………..ENERO FEBRERO, MARZO DEL AÑO……………..
 Con lo que acreditare que:
  1. Esta excedida la medida de alimentos dictada en favor de mi menor hijo.
  1. Mi capacidad económica es menor por demostrarse la existencia de otro acreedor alimentista.
  1. Al día de hoy se me encuentra hecho efectivo dicho embargo en favor de mi otro acreedor alimentista.
  1. Se encuentra superada mi posibilidad de brindar alimentos.
  1. Mi dignidad humana para vivir se encuentra disminuida en mi perjuicio.
  1. Que no cuento con un domicilio digno ni propio.
Esta la prueba la relaciono íntimamente con los puntos marcado como II letras A, B, C, D, y arábigos del CAPITULO PRIMERO DE HECHOS.

  1. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS, a fin de que informe:
  1. si se encuentra dado de alta SR------------------------------------

Con lo que acreditaré que:
  1. Se encuentran garantizada la habitación y servicios médicos y hospitalarios a favor de mi hijo.
  1. Esta excedida la medida de alimentos dictada en favor de mi menor hijo.


  1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en el presente juicio, con lo que acreditare que:
  1. Esta excedida la medida de alimentos dictada en favor de mi menor hijo.
  1. Mi capacidad económica es menor por demostrarse la existencia de otro acreedor alimentista.
  1. Al día de hoy se me encuentra hecho efectivo dicho embargo en favor de mi otro acreedor alimentista.
  1. Se encuentra superada mi posibilidad de brindar alimentos.
  1. Mi dignidad humana para vivir se encuentra disminuida en mi perjuicio.
  1. Que no cuento con un domicilio digno ni propio.
  1. Se encuentra garantizada la habitación y servicios médicos y hospitalarios a favor de mi hijo.
Esta la prueba la relaciono íntimamente con los puntos marcado como II letras A, B, C, D, y arábigos del CAPITULO PRIMERO DE HECHOS.
Por lo expuesto pido:
UNICO. Se me tenga promoviendo INCIDENTE DE REDUCCION PENSION ALIMENTICIA.

  PROTESTO LO NECESARIO
CIUDAD Y FECHA


NOMBRE Y FIRMA

El informe Previo. Qué es?

¿QUÉ ES UN INFORME PREVIO?
 El informe previo es uno de los temas más interesantes en el juicio de amparo. Hoy conocerás lo más importate sobre el informe previo.
Cuando interponemos un juicio de amparo siempre nos encontramos con un tema muy interesante y ese es el informe previo. Hoy lo analizaremos y comprenderemos cómo funciona y para qué sirve.
1.- ¿QUÉ ES UN INFORME PREVIO?
El informe previo es un oficio a través del cual las autoridades responsables expresarán si son ciertos o no los hechos que se les atribuyen, además de ello, determinarán la existencia del acto reclamado y en algunas ocasiones, la cuantía del asunto que lo haya motivado.
En el informe previo, también se pueden señalar ciertas razones respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de suspensión del acto reclamado. Siendo honestos, rara vez una autoridad responsable señalará que es procedente tu juicio de amparo.
2.- ¿CUÁL ES SU FUNDAMENTO LEGAL?
Es el artículo 140 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente:
Artículo 140. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia.
En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones.
3.- ¿QUIÉN REALIZA UN INFORME PREVIO?
Las Autoridades Responsables, recordemos que en el Juicio de Amparo se interpone en contra de Leyes y Actos que consideras contravienen tus derechos y garantías constitucionales, por lo que los únicos que pueden contravenir tus garantías son las Entidades Públicas, independientemente de su nombre y cómo estén conformadas.
4.- ¿QUÉ PASA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO TIENE SU RESIDENCIA EN LA MISMA CIUDAD DONDE INTERPUSISTE LA DEMANDA DE AMPARO?
Es importante recordar que el informe previo solamente se solicita cuando se interponga un incidente de suspensión de lacto reclamado en un juicio de amparo, por lo que no se resuelve sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el amparo (el fondo) sino únicamente sobre el proceso de la suspensión (forma).
En ese sentido, al resolverse la forma y no el fondo, el Juzgador puede resolver en diferentes audiencias incidentales cada uno de los incidentes previos según vayan siendo recibidos, tal y como se puede observar en el artículo 141 de la Ley de Amparo:
Artículo 141. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes.

5.- ¿QUÉ TÉRMINO TIENE LA AUTORIDAD RESOPNSABLE PARA PRESENTAR SU INFORME PREVIO?
El término que tienen las autoridades responsables para presentar su informe previo es de 24 horas una vez notificado el acuerdo en que se le solicite, sin embargo, al no establecerse un artículo que mencione una sanción por no presentar a tiempo un informe previo, en ese sentido, no existe una sanción por presentarlo de forma extemporánea. Lo anterior, queda señalado en el criterio 208481. I.4o.A.107 K. emitido por nuestros Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-2, Febrero de 1995, Pág. 369:
INFORME PREVIO. LA LEY DE AMPARO NO PREVE NINGUNA SANCION SI ES RENDIDO FUERA DEL TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS.
Ninguno de los preceptos de la Ley de Amparo que regulan la suspensión de los actos reclamados en el juicio constitucional, establece que si las autoridades responsables no rinden el informe previo en el término de veinticuatro horas, perderán ese derecho, ni tampoco que por ello se debe tener por no rendido ni mucho menos que se tengan por presuntivamente ciertos los actos reclamados, tal consideración se debe a la prontitud en la que el incidente de suspensión debe resolverse; por tanto, el informe previo rendido antes de la celebración de la audiencia incidental debe tomarse en cuenta, y la determinación de tener por presuntivamente ciertos los actos se prevé en el tercer párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo; pero sólo si la autoridad responsable omite rendir dicho informe, mas no por presentarlo fuera del término de veinticuatro horas, ya que el artículo 131 de la Ley de Amparo expresamente dispone que si las autoridades no rinden el informe previo dentro del término de veinticuatro horas, transcurrido éste con informe o sin él, se celebrará la audiencia en la fecha y hora señaladas en el auto inicial para su celebración.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

6.- ¿QUÉ PASA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO PRESENTA SU INFORME PREVIO?
Se le tendrán por ciertos los actos que le estás reclamando para efectos de que el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado te otorgue la suspensión del acto reclamado que solicitaste.
Algunos pensarían que la autoridad Juzgadora le impondrá una sanción, a todas las autoridades responsables que no presenten su informe previo, sin embargo esto no es así, pues no se le impone sanciones a las autoridades lgislativas tal y como lo puedes apreciar en el tercer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo:
Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.
Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios.
La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna.
Ahora bien, para el caso de las demás autoridades responsables, sí existe una sanción económica, como lo podrás observar en el artículo 260, párrafo primero:
Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:

  1. No rinda el informe previo;


7.- ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ CONTENER LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVA UN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN?
Una vez que se llevaron las audiencias incidentales sobre cada uno de los informes previos, la autoridad Juzgadora emitirá una resolución que contenga la siguiente información: fijación clara y precisa de lacto reclamado, valoración de las pruebas, consideraciones y fundamentos legales para conceder o negar la suspensión y finalmente, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos que se concedan o niegue la suspensión y por supuesto, los efectos para su cumplimiento. Lo anterior, tal y como lo establece el artículo 146 de la Ley de Amparo:
Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:
I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;
III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión; y

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento.

EJEMPLO DE ESCRITO DE EXTRAER DE ARCHIVO Y QUEDE FIRME SENTENCIA


EXPEDIENTE NÚMERO .....
ASUNTO: Extraer del Archivo
y quede firme sentencia

Juez ........ de Primera Instancia
del Ramo (Familiar o Civil depende del Entidad federativa como lo manejan)
en CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA EL JUZGADO
Presente


CIUDADANA NOMBRE......., de generales ampliamente conocidos en el expediente señalado en el rubro superior derecho, ante usted señor Juez, con el debido respeto comparezco a fin de



EXPONER

Que, por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo Octavo Constitucional y demás relativos a la materia, vengo a solicitar que se EXTRAIGA DEL ARCHIVO, el expediente señalado en el rubro superior derecho, asimismo, solicito a usted señor Juez que una vez que sea extraído el expediente, y toda vez que ninguna de las partes nos inconformamos de la sentencia emitida el nueve de diciembre del dos mil quince, que dicha sentencia CAUSE EJECUTORIA, y asimismo que cause ejecutoria, se me autorice COPIAS CERTIFICADAS  de la misma, además, el auto que la declare ejecutoriada, para que sean remitidas al OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL No, ........ de ........................, esto referente al Artículo número .........., del Código Civil vigente de la entidad; Así como a los oficiales del Registro Civil del lugar donde los divorciantes nacimos.


Por lo anteriormente expuesto:



PIDO

UNICO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito y acordar favorable lo solicitado, por no ser contrario a derecho.



PROTESTO LO NECESARIO

CIUDAD ; FECHA


C. NOMBRE DE QUIEN LO SOLICITA Y FIRMA

domingo, 11 de mayo de 2014

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  "CONVENCION DE BELEM DO PARA"
 LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,
 RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
 AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;
 PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;
 RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
 CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y
 CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,
 HAN CONVENIDO en lo siguiente:
 CAPITULO I
 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION
 Artículo 1
 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
 Artículo 2
 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
 CAPITULO II
 DERECHOS PROTEGIDOS
 Artículo 3
 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
 Artículo 4
 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:
 a. el derecho a que se respete su vida;
 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
 d. el derecho a no ser sometida a torturas;
 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
 h. el derecho a libertad de asociación;
 i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
 Artículo 5
 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
 Artículo 6
 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
 CAPITULO III
 DEBERES DE LOS ESTADOS
 Artículo 7
 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
 Artículo 8
 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
 a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
 b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
 c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
 d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
 e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
 f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
 g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
 h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
 i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.
 Artículo 9
 Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
 CAPITULO IV
 MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION
 Artículo 10
 Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.
 Artículo 11
 Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
 Artículo 12
 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 CAPITULO V
 DISPOSICIONES GENERALES
 Artículo 13
 Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
 Artículo 14
 Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
 Artículo 15
 La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
 Artículo 16
 La presente Convención está sujeta a ratificación.  Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
 Artículo 17
 La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado.  Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
 Artículo 18
 Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
 a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
 b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.
 Artículo 19
 Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de emnienda a esta Convención.
 Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
 Artículo 20
 Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
 Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención.  Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
 Artículo 21
 La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.  Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
 Artículo 22
 El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
 Artículo 23
 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.
 Artículo 24
 La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
 Artículo 25
 El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará".
HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.